Cada vez es más claro que los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático no se podrán alcanzar sin esfuerzos globales más ambiciosos para limitar la producción de los recursos fósiles que quedan.
Hay una gran brecha entre la producción y explotación de combustibles fósiles esperada versus lo que es compatible con limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.
De hecho, hoy en día los gobiernos están planeando explotar más del doble de las reservas fósiles que serían consistentes con esta trayectoria.
Transiciones justas
Para hacer frente al reto apremiante del cambio climático, existe una necesidad urgente de transiciones en los sistemas de energía, alimentación, transporte y otros. Mientras tanto, hay ciertos grupos de la población – por ejemplo los trabajadores de sectores intensivos en carbono, que salen perdiendo en el proceso de transición, viéndose afectados social y económicamente. En esencia, la idea de transiciones justas es que las transiciones deben tener plenamente en cuenta las necesidades de estos grupos, incluida la creación de nuevas oportunidades en las economías más ecologicamente sostenibles bajas en carbono construidas para sustituir a los sectores intensivos en carbono. Para que sean justas las transiciones energético-económicas, éstas tienen que reconciliar las tres dimensiones del trilema energético: seguridad energética, pobreza energética y sustentabilidad.
Políticas de reducción
Entendidas como medidas desde la oferta para limitar la producción, el transporte o la transformación de combustibles fósiles, ya sea voluntaria o través de regulación, las políticas de reducción del suministro fósil incluyen prohibiciones y moratorias sobre nueva exploración y explotación, restricciones en procesos de transformación, controles sobre el uso de finanza para combustibles fósiles, o esfuerzos para eliminar subsidios o desinversiones. Estas políticas han ido ganando momentum a nivel global, consolidándose en la reciente incorporación de este objetivo en el texto de la COP28. Varios países latinoamericanos, entre ellos Costa Rica, Colombia, Ecuador y Chile, están liderando el camino en la lucha contra el cambio climático en busca de dejar voluntariamente reservas de carbón, petróleo y/o gas en el subsuelo.
Descentralización energética
La descentralización energética se refiere a la expansión de tecnologías de generación y gestión de energía a pequeña escala, como paneles solares, microrredes y sistemas comunitarios, que permiten a hogares, empresas y comunidades producir, gestionar y consumir su propia energía. Más allá de sus beneficios técnicos, la descentralización puede transformar las relaciones de poder en el sistema energético, ampliando la participación ciudadana, democratizando la toma de decisiones y fomentando modelos más equitativos y sostenibles. También puede mejorar el acceso en zonas marginadas, contribuyendo a la justicia energética en contextos urbanos y rurales.
Comunidades y participación
Para generar el apoyo de los ciudadanos las transiciones energéticas tienen que enfrentar varias dimensiones de justicia. Los enfoques dominantes reducen la cuestión a la creación de “empleos verdes” y a las compensaciones y la recapacitación laboral, sin afrontar cuestiones más amplias de injusticia económica o las desigualdades que dan lugar a “transiciones injustas”. Los enfoques más amplios enfatizan la necesidad de un cambio más sistémico, centrándose en formas de justicia distributiva, de reconocimiento, reparadora y procesal. Dado que los diferentes ámbitos de la política tendrán diversos espacios, palancas y puntos de intervención para facilitar la participación ciudadana, es de suma importancia que se debatan concepciones más amplias e integradas de las transiciones justas, reconociendo las múltiples injusticias históricas y contemporáneas que pretenden abordar.
Medio ambiente
Más allá del gran problema del cambio climático, la extracción, producción y transporte de combustibles fósiles generan múltiples impactos negativos sobre los ecosistemas. Estos incluyen la contaminación del aire, el agua y los suelos; la degradación de hábitats naturales; la pérdida de biodiversidad; y el riesgo de derrames tóxicos o accidentes industriales. En muchas regiones, estos efectos afectan de forma desproporcionada a comunidades rurales, indígenas o costeras, comprometiendo medios de vida, salud y seguridad alimentaria. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles también implica mitigar estos impactos ambientales directos y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y respetuoso con los territorios.